la decadencia del sector industrial

La tendencia histórica al estancamiento de la producción industrial ya se vislumbraba a finales de la década de los ´60. Las razones de carácter estructural de tal hecho se relacionaban con el perfil del comercio internacional argentino, los límites del modelo de sustitución de importaciones y el perfil sesgado hacia el mercado interno de las inversiones productivas. A partir de la estabilidad macroeconómica alcanzada con la liberalización de la cuenta capital, el plan de convertibilidad, la apertura económica y las reformas pro mercado de comienzos de la década de los ´90, la Argentina fue adoptando un modelo de crecimiento basado en la explotación de sus ventajas comparativas con especialización en la producción de commodities industriales y/o intensivos en recursos naturales y en los fuertes incentivos a la entrada de capitales externos. El estancamiento de la producción de la industria manufacturera en conjunción a los profundos cambios al interior de su estructura, dieron como resultado un intenso proceso de disminución absoluta de los planteles obreros inmediatamente relacionados al proceso productivo. En los ´90, la rigidez de las variables nominales, la política de tipo de cambio bajo y la apertura comercial en conjunción, incentivaron, por un lado, la desintegración del contenido de valor agregado local tanto entre sectores como al interior de las firmas y, por otro lado, sesgaron los precios relativos de los factores productivos a favor de los bienes de equipos importados y en detrimento de la mano de obra. Estos son los determinantes de la emergencia de elasticidades producto-empleo negativas desde 1991 hasta 1998.A partir de allí, la caída del empleo industrial es explicada por la crisis de demanda y del nivel de actividad. El comportamiento observado de la producción y el empleo evidencia que la dinámica de la industria se desarrolla en torno de la capacidad productiva del trabajo. Durante los ´90 se va a dar un proceso de apertura tecnológica e innovaciones en las cuales se necesita una mayor inversión productiva, física y humana, para poder incorporar el desarrollo tecnológico y mejorar así la capacidad productiva nacional. La elevada tasa de progreso técnico requiere de una mano de obra crecientemente calificada y flexible. En este contexto, la desigualdad en las capacidades adquiridas por los trabajadores ha dado lugar a una estructura salarial donde ha aumentado la brecha entre los salarios bajos y los altos. En el primer trimestre de 1998 la economía argentina entra en una profunda fase depresiva como resultado de los cambios acontecidos en el contexto internacional desde mediados de 1997. Argentina queda desalineada -moneda sobreapreciada- y el camino del ajuste asume la forma de deflación real de precios y salarios y contracción de su nivel de actividad. La Argentina entra en una profunda recesión caracterizada por una recurrente crisis de balanza de pagos, desempleo masivo de los factores de producción y una explosión del endeudamiento público como privado. A partir del primer trimestre del año 2001 se comenzó a observar una desaceleración de los precios manufactureros que se tradujo en una caída profunda a partir del segundo trimestre del año. Ante la merma en los niveles de producción las firmas tendían a reducir sus costos laborales, mediante una mayor utilización de la mano de obra y/o reducciones de salarios. La demanda de factores de producción, entre ellos el trabajo, es una demanda derivada del mercado de productos. De allí que los cambios en la estructura industrial, mediados por los cambios tecnológicos de los procesos productivos sectoriales y su especifica combinación de factores productivos, se reflejen en la división del trabajo industrial entre sectores. Paralelamente, la tendencia general al incremento de la capacidad productiva del trabajo industrial, en conjunción a la tendencia al estancamiento de producto industrial argentino da como resultado el desarrollo contemporáneo de destrucción de las fuerzas productivas potenciales de la sociedad.

Los ´90...

Las crisis económicas y el profundo desequilibrio de fuerzas económicas y sociales que se definió entre 1976 y 1983 siguieron acotando el curso de la economía. En 1989 el nuevo gobierno asumió en medio de una crisis hiperinflacionaria. A partir de sucesivas negociaciones y acuerdos con el FMI y en medio de una hiperinflación abierta, se aplicó un programa drásticamente ortodoxo. Aún terminado el período hiperinflacionario, este shock ortodoxo-definido por el superávit fiscal, el retraso cambiario, un nivel de las tasas de interés incomparablemente superior al internacional, una política fiscal cada vez más regresiva, la drástica reducción de aranceles y la drástica reducción monetaria-no logró la estabilización de precios, y condujo a la caída del producto, a una nueva caída de los salarios reales y a la reducción del coeficiente de inversión al nivel más bajo del siglo. Mientras se aplicaban estas políticas de corto plazo, se iban configurando las reformas estructurales básicas que incluían las privatizaciones y darían lugar a una recomposición de los conflictos y alianzas entre las facciones más poderosas del nuevo bloque hegemónico: los acreedores externos, los conglomerados de capital local y los de capital extranjero. Entre mediados de 1990 y abril de 1991 se fue consolidando un esquema mediante el cual se garantizó a los acreedores que las transferencias al capital concentrado local no seguirían trabando los pagos externos, y a este una amplia participación en las formas futuras de distribución del excedente. Ello se lograría con las privatizaciones, la desregulación, la apertura financiera y comercial y la modificación radical del papel y del patrón de funcionamiento del sector público. El poder concedido al Poder Ejecutivo es un rasgo decisivo de esta etapa ya que reforzó la tendencia hacia el “Estado privado” y el achicamiento de lo público transformando a la política económica en un sistema de acuerdos directos y de baja o nula transparencia entre las distintas facciones del gran capital y la cúpula política. El esquema monetario-cambiario que se adoptó entonces se articuló con un shock institucional neoliberal. Las políticas centrales de este período fueron: el anclaje del peso al dólar a un tipo de cambio fijo 1 peso= 1 dólar, combinado con la convertibilidad del peso (la convertibilidad asegura que el Banco Central no podrá decidir sobre la magnitud de la base monetaria ya que esta está determinada por las decisiones de los agentes económicos); profundización de la apertura comercial, especialmente del lado de las importaciones, mediante rebajas de aranceles y eliminación de protecciones no arancelarias; apertura financiera, es decir, la liberalización de las condiciones para ingresar y egresar fondos, tomar préstamos en el exterior o realizar depósitos en moneda extranjera a cualquier plazo en el sistema financiero local; desregulación de muchos mercados y la re-regulación de otros; creciente regresividad del sistema tributario a través del aumento de las alícuotas del IVA, del incremento de la presión del impuesto a las ganancias sobre los contribuyentes chicos y medianos y de su disminución para los grandes, y de la fuerte disminución de los aportes patronales; las privatizaciones. Durante este período, no se implementó ninguna política efectiva de defensa de la competencia, ni del consumidor, ni de transparencia de los mercados oligopólicos, ni de los servicios públicos en general. La reforma del sector financiero no avanzó en una reforma del sector orientada a resolver los problemas principales que genera a la economía real los altos costos operativos, su incapacidad y su resistencia de otorgar créditos para la inversión, la falta de acceso de las PYMES al crédito que no opera como transmisor del ahorro externo e interno hacia el desarrollo económico. Durante los años noventa, de las tres fuentes del crecimiento de la demanda agregada, el consumo, la inversión y las exportaciones, la primera fue la que lideró este proceso. En un contexto de economía semicerrada y oligopolizada, los conglomerados que forman el centro de la elite económica se desplazaron aún más desde la industria hacia mercados mono u oligopólicos de no transables, al amparo de la competencia externa e interna, o hacia actividades extractivas, consolidando su capacidad de obtención de ganancias extraordinarias basadas en la concesión de privilegios. A pesar del crecimiento, el empleo se deterioró profundamente durante todo el período, y sobre todo en la industria. El sector manufacturero fue el que sufrió más profundamente el impacto de la apertura. La distribución del ingreso y la pobreza siguieron la tendencia iniciada en 1976. Ello es consistente con la combinación del aumento de la tasa de desempleo y subempleo, que presionaron a la baja de los salarios reales; la pérdida de los derechos de los trabajadores a través de nuevas formas de regulación del mercado de trabajo; el deterioro cualitativo y cuantitativo de los servicios sociales y la fuerte regresividad del sistema tributario.

Valorización Financiera

La dictadura militar de 1976-1983 y los cambios en la economía internacional influyeron de modo decisivo, casi determinante, sobre el comportamiento de la economía argentina durante más de dos décadas. Ésta debilitó y quebró las bases y relaciones sociales, institucionales y productivas que habían sustentado y en gran medida definido a la economía argentina durante toda la época de industrialización. A partir de 1973, se da la llamada “economía del endeudamiento” y un proceso de valorización financiera, que tuvieron un fuerte impacto negativo en aquellos países deudores no desarrollados. En esta época la distribución del ingreso empeoró, los salarios reales cayeron en prácticamente todo el mundo y las tasas de desempleo aumentaron entre dos y seis veces según el país y región. Durante la “edad de oro” (1973) se observa el estancamiento del producto bruto per cápita; creciente regresividad de la distribución del ingreso; el aumento de la población bajo de la línea de pobreza y de aquella cuya situación económica y social es lo suficientemente precaria como para que haya grandes posibilidades de que pase a estar bajo esa línea; se dá un incremento de la desocupación abierta y de las distintas formas de subocupación y de trabajo precario. Además, respecto de la población total, cayó tanto la proporción de los que están plenamente empleados como la de éstos más los subempleados, mientras aumentó la de los subempleados que buscan trabajar más horas; se estanca la productividad, mientras entre 1950 y 1973 se observa que la productividad por hora trabajada aumentó 73,7%,entre 1973 y 1992 el aumento fue del 10,8%;las transferencias masivas de ingresos se dan desde el trabajo hacia el capital y, dentro de éste, desde las PYMES hacia las grandes empresas y sobre todo, hacia el capital concentrado; la concentración del poder económico adoptó crecientemente la forma de conglomerados de capital local altamente diversificados que se fue alejando progresivamente de las actividades manufactureras y de las de ingeniería hacia las de operación financiera, servicios y primarias. La industria se redujo en términos de establecimientos, de empresas, de personal ocupado y de participación en el producto. A partir de 1973 la combinación de la reducción de la tasa de crecimiento y de la inversión, del aumento de la tasa de interés y del desmantelamiento del Estado de Bienestar y de las regulaciones de la época keynesiana junto con otros fenómenos de índole estructural llevaron al aumento generalizado del desempleo, a la caída de los salarios, y a la creciente divergencia de producto per cápita.

Impuestos

Un tema muy importante en la economía son los impuestos.Argentina es un país federal,es decir,fiscalmente descentralizado en su organización entre los distintos niveles de gobierno.La unidad nacional empezó a conformarse a partir del dictado de la Constitución de 1853.Así,las provincias delegaron ciertas funciones que les eran propias.El sistema tributario fue centralizándose en algunos de sus aspectos,agrupando atribuciones en torno al gobierno nacional y,por lo tanto,quitándoselas a las provincias.Este esquema fiscal más centralizado y,en cierto modo,diferenciado de lo que expresaba la Constitución,prácticamente estuvo vigente hasta hace alrededor de dos décadas en que comenzó a producirse un correcto proceso de descentralización de funciones y gastos hacia las provincias y en menor medida de éstas a los municipios.
En lo que se refiere a los recursos,el poder sobre el sistema sigue estando muy concentrado en el gobierno central,ya que por ejemplo los impuestos directos,que según la constitución pertenecen a las provincias,sólo pueden ser recaudados por la Nación "por tiempo determinado y cuando medien circunstancias extraordinarias".Por esta razón, el impuesto a la Renta o Ganancias,que se aplica desde 1935 siempre rige un plazo de diez años,que periódicamente se renueva.Lo mismo sucede con el impuesto a los bienes personales,activos de empresas(ahora Ganancia Mínima Presunta),etc.Ocurre que según las normas de la Constitución,los impuestos indirectos pueden ser aplicados tanto por la Nación como por las provincias,por lo que rige el sistema de concurrencia de facultades tributarias.Como es natural,únicamente en los impuestos al comercio exterior rige el sistema de separación de fuentes,ya que fueron cedidos por las provincias a la Nación al dictarse la primera Constitución de 1853.
El impuesto es una clase de tributo(obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público.Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la Administración(acreedor tributario).Surge exclusivamente por "potestad tributaria del Estado",principalmente con el objeto de financiar sus gastos.Su principio rector,denominado "Capacidad Contributiva",sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal,para consagrar en principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad,sin embargo,no lo establece a priori,por lo que se abre la posibilidad de diferentes esquemas,mas progresivos o mas regresivos.Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y las empresas tienen que pagar para finanaciar al Estado.En pocas palabras:sin los impuestos el Estado no podría funcionar,ya que no dispondría de la fuente más importante de sus fondos para financiar el gasto.
En ocasiones,en la base del establecimiento del impuesto se encuentran otras causas,como disuadir la compra de determinado producto(por ejemplo,tabaco) o fomentar o desalentar determinadas actividades económicas.De esta manera,se puede definir la figura tributaria como una exacción pecuniaria forzosa para los que están en el hecho imponible.La reglamentación de los impuestos se denomina sistema fiscal o fiscalidad.Los impuestos son generalmente calculados con base en porcentajes,llamados tasas de impuestos o alícuotas,sobre un valor particular,la base imponible.Los impuestos deben contribuir a fomentar una distribución más equitativa del ingreso o la riqueza,por eso se esperan que sean diseñados en forma progresiva.Los impuestos pueden causar una pérdida de bienestar social porque se reduce el nivel de bienestar de la comunidad en relación al que hubiera existido en su ausencia.Luego de establecer la incidencia económica de los impuestos,puede analizarse su impacto sobre la distribución del ingreso.Se trata de lograr que el sistema tributario respete los principios de equidad horizontal y de equidad vertical.Los tributos deben permitir alcanzar la recaudación necesaria para hacer frente a las erogaciones del Estado,de modo tal de cumplir con los objetivos de la política macroeconómica del gobierno.

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