Los ´90...

Las crisis económicas y el profundo desequilibrio de fuerzas económicas y sociales que se definió entre 1976 y 1983 siguieron acotando el curso de la economía. En 1989 el nuevo gobierno asumió en medio de una crisis hiperinflacionaria. A partir de sucesivas negociaciones y acuerdos con el FMI y en medio de una hiperinflación abierta, se aplicó un programa drásticamente ortodoxo. Aún terminado el período hiperinflacionario, este shock ortodoxo-definido por el superávit fiscal, el retraso cambiario, un nivel de las tasas de interés incomparablemente superior al internacional, una política fiscal cada vez más regresiva, la drástica reducción de aranceles y la drástica reducción monetaria-no logró la estabilización de precios, y condujo a la caída del producto, a una nueva caída de los salarios reales y a la reducción del coeficiente de inversión al nivel más bajo del siglo. Mientras se aplicaban estas políticas de corto plazo, se iban configurando las reformas estructurales básicas que incluían las privatizaciones y darían lugar a una recomposición de los conflictos y alianzas entre las facciones más poderosas del nuevo bloque hegemónico: los acreedores externos, los conglomerados de capital local y los de capital extranjero. Entre mediados de 1990 y abril de 1991 se fue consolidando un esquema mediante el cual se garantizó a los acreedores que las transferencias al capital concentrado local no seguirían trabando los pagos externos, y a este una amplia participación en las formas futuras de distribución del excedente. Ello se lograría con las privatizaciones, la desregulación, la apertura financiera y comercial y la modificación radical del papel y del patrón de funcionamiento del sector público. El poder concedido al Poder Ejecutivo es un rasgo decisivo de esta etapa ya que reforzó la tendencia hacia el “Estado privado” y el achicamiento de lo público transformando a la política económica en un sistema de acuerdos directos y de baja o nula transparencia entre las distintas facciones del gran capital y la cúpula política. El esquema monetario-cambiario que se adoptó entonces se articuló con un shock institucional neoliberal. Las políticas centrales de este período fueron: el anclaje del peso al dólar a un tipo de cambio fijo 1 peso= 1 dólar, combinado con la convertibilidad del peso (la convertibilidad asegura que el Banco Central no podrá decidir sobre la magnitud de la base monetaria ya que esta está determinada por las decisiones de los agentes económicos); profundización de la apertura comercial, especialmente del lado de las importaciones, mediante rebajas de aranceles y eliminación de protecciones no arancelarias; apertura financiera, es decir, la liberalización de las condiciones para ingresar y egresar fondos, tomar préstamos en el exterior o realizar depósitos en moneda extranjera a cualquier plazo en el sistema financiero local; desregulación de muchos mercados y la re-regulación de otros; creciente regresividad del sistema tributario a través del aumento de las alícuotas del IVA, del incremento de la presión del impuesto a las ganancias sobre los contribuyentes chicos y medianos y de su disminución para los grandes, y de la fuerte disminución de los aportes patronales; las privatizaciones. Durante este período, no se implementó ninguna política efectiva de defensa de la competencia, ni del consumidor, ni de transparencia de los mercados oligopólicos, ni de los servicios públicos en general. La reforma del sector financiero no avanzó en una reforma del sector orientada a resolver los problemas principales que genera a la economía real los altos costos operativos, su incapacidad y su resistencia de otorgar créditos para la inversión, la falta de acceso de las PYMES al crédito que no opera como transmisor del ahorro externo e interno hacia el desarrollo económico. Durante los años noventa, de las tres fuentes del crecimiento de la demanda agregada, el consumo, la inversión y las exportaciones, la primera fue la que lideró este proceso. En un contexto de economía semicerrada y oligopolizada, los conglomerados que forman el centro de la elite económica se desplazaron aún más desde la industria hacia mercados mono u oligopólicos de no transables, al amparo de la competencia externa e interna, o hacia actividades extractivas, consolidando su capacidad de obtención de ganancias extraordinarias basadas en la concesión de privilegios. A pesar del crecimiento, el empleo se deterioró profundamente durante todo el período, y sobre todo en la industria. El sector manufacturero fue el que sufrió más profundamente el impacto de la apertura. La distribución del ingreso y la pobreza siguieron la tendencia iniciada en 1976. Ello es consistente con la combinación del aumento de la tasa de desempleo y subempleo, que presionaron a la baja de los salarios reales; la pérdida de los derechos de los trabajadores a través de nuevas formas de regulación del mercado de trabajo; el deterioro cualitativo y cuantitativo de los servicios sociales y la fuerte regresividad del sistema tributario.